jueves, 2 de septiembre de 2010

Carrió, Clarín y el lobby en Argentina

Esta semana, luego de que el Gobierno nacional presentará el informe sobre Papel Prensa, Elisa Carrió señaló que no le temblará la mano para defender a Clarín”.
Esa frase fue muy levantada por los medios alineados con el kirchnerismo y disparó la reacción del jefe de bloque del Frente para la Victoria en diputados, Agustín Rossi: “Cuando Carrió dice que no le va a temblar la mano para defender al Grupo Clarín, hay que avisarle que está dejando de ser diputada para empezar a ser lobbysta del Grupo que maneja Héctor Magnetto”, dijo.
Particularmente este martes salió un interesante artículo en el diario La Nación que hace referencia al lobbying . El diario destaca que fue en el marco la 2da. Conferencia Internacional de Relaciones Públicas que se hizo hace poco en Buenos Aires que se habló sobre el tema:


En los Estados Unidos, el lobbying está sujeto a las mayores regulaciones oficiales, como consecuencia de los sonados escándalos que afectaron en su momento a la imagen de la Casa Blanca y por eso la exposición de Freeman era muy esperada. La primera regulación se produjo en 1946 y fue muy tolerante; la segunda, en 1995, ajustó más las clavijas, pero no lo suficiente. La última, de 2007, es la que está en vigencia.



Tres párrafos interesantes:

1)"En los Estados Unidos, el lobbying es una suerte de advocacy o defensa de los puntos de vista empresariales en conflictos públicos".


2)“Los lobbistas pueden ser consultores, directivos de empresas registrados como tales, coaliciones, asociaciones de comercio e individuos comunes que se valen de las redes sociales para hacer oír su voz a los gobernantes. Pero rara vez se autotitulan lobbistas, sino especialistas en relaciones públicas o consultores”.


3)"Para ser realmente efectivo, el lobbying tiene que ser honesto, confiable y transparente".


Sin embargo el lobby no está permitido en la legislación Argentina. Agustín Rossi fue en esa dirección: “el lobby no está permitido en nuestra legislación” por lo que sostuvo que la líder de la Coalición Cívica "incumple con la Ley de Ética Pública, porque no puede defender intereses particulares”, dijo.


En 2006, Ron Kaufman, uno de los mayores operadores del Partido Republicano señaló que no creía necesario tener que “regular el lobby" pero aclaró que, como en todas las profesiones, era necesaria la transparencia. “Cuanto más alta esté la barra de las expectativas de transparencia, mejor estará esta profesión”, dijo.


Sin embargo, fue Néstor Kirchner quién firmó en 2003 el decreto 1172 que regula la gestión de intereses. El texto establece que “desde el presidente hasta las autoridades de organismos estatales con categoría equivalente a director general, pasando por ministros y secretarios de Estado, deben publicar en Internet un registro de audiencias de gestión de intereses (o lobby), definida como toda actividad con fines de lucro o sin ella, destinada a influir en las funciones de esos organismos”.


TRES ARTICULOS IMPORTANTES DEL 1172


ARTICULO 1º — OBJETO
La publicidad de la Gestión de Intereses en el ámbito del Poder Ejecutivo Nacional se rige por el presente Reglamento.


ARTICULO 2º — DESCRIPCION
Se entiende por Gestión de Intereses a los fines del presente, toda actividad desarrollada —en modalidad de audiencia— por personas físicas o jurídicas, públicas o privadas, por sí o en representación de terceros —con o sin fines de lucro— cuyo objeto consista en influir en el ejercicio de cualquiera de las funciones y/o decisiones de los organismos, entidades, empresas, sociedades, dependencias y de todo otro ente que funcione bajo la jurisdicción del Poder Ejecutivo Nacional.


ARTICULO 4º — SUJETOS OBLIGADOS
Se encuentran obligados a registrar las Audiencias de Gestión de Intereses, los siguientes funcionarios:


a) Presidente de la Nación;
b) Vicepresidente de la Nación;
c) Jefe de Gabinete de Ministros;
d) Ministros;
e) Secretarios y Subsecretarios;
f) Interventores Federales;
g)Autoridades superiores de los organismos, entidades, empresas, sociedades, dependencias y todo otro ente que funcione bajo la jurisdicción del PODER EJECUTIVO NACIONAL;
h) Agentes públicos con función ejecutiva cuya categoría sea equivalente a Director General.

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